MEDIO AMBIENTE

El ingeniero Javier Valderrama propone hacer más operativo y eficaz en Sistema de Gestión Ambiental y dotarlo de las herramientas necesarias para avanzar en procesos de identificación, caracterización y conservación de los recursos naturales del municipio.

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Trabajar de la mano con los líderes ambientales y las comunidades del municipio en la identificación, caracterización de cara a la conservación de la riqueza ambiental del municipio de Pitalito, es uno de los propósitos que se traza el ingeniero Javier Valderrama Yagüé en su propuesta encaminada a preservar la biodiversidad con que cuenta esta región del sur del Huila.
Luego del encuentro con varios naturalistas y conservacionista, quienes expusieron las bondades de la biodiversidad que actualmente tiene Pitalito, y las graves amenazas que sobre ella se ciernen de no aplicar una política ambiental responsable y seria, Valderrama Yagüé asumió el compromiso de fortalecer un sistema que involucre al estado, a través de una política pública, a las comunidades, como beneficiarios y principales actores, y a la academia como poseedora del conocimiento, para desarrollar las acciones necesarias que garanticen la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

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Conocer para conservar
Para el candidato del Centro Democrático es primordial la definición de una estrategia seria que conlleve a identificar las acciones inmediatas que se deben desarrollar para cambiar el rumbo en cuanto a la conservación del entorno natural, mediante prácticas sostenibles y sustentables desde el punto de vista de la producción agrícola y pecuaria.
“El fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental debe iniciarse dotándolo de las herramientas necesarias para su cabal funcionamiento como la creación del Consejo Municipal de Gestión Ambiental, avanzar el en conocimiento de nuestra biodiversidad, su caracterización y, por supuesto, su conservación”, dijo Valderrama Yagüé.
La biodiversidad como fuente de desarrollo

La laguna 18
Para el aspirante a la alcaldía, la riqueza natural de Pitalito debe convertirse en una fuente de ingresos y desarrollo para sus habitantes, para lo cual se requiere de la voluntad política del gobernante, el apoyo de las comunidades y el conocimiento de la academia; todos unidos bajo un solo propósito: Conocer, conservar y defender el patrimonio natural.
Temas como el avistamiento de aves, que en los últimos tiempos a tras a docenas de expertos hacia los reservorios existentes en Pitalito, es una de las ramas de la conservación que se propone fortalecer en su administración, habida cuenta de que esta rama del turismo no solo contribuye al desarrollo y conocimiento del Pitalito biodiverso, sino que aporta divisas económicas muy importantes para la región.
“El ecoturismo es una de las potencialidades que presenta nuestro territorio, pero nos hace falta desarrollarla, a fin de que sea mucho más atractiva para los visitantes, especialmente del extranjero”, aseguró Valderrama Yagüé.

El magistrado Ramiro Pazos Guerrero del Consejo de Estado, ordenó de oficio un informe pericial que deberá resolver la Universidad Nacional y cuestiona todo lo relacionado con el fracking.

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En principio el Consejo no consideró revisar el documento de la Comisión de Expertos que creó el gobierno para establecer la viabilidad de esta manera de extracción, pero por petición del Ministerio de Minas se aceptó el testimonio de tres representantes de dicha comisión.
Esto, por la demanda que interpuso en 2016 Esteban Lagos contra el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, que fijaron los procedimientos para usar esta técnica.
El Consejo de Estado estableció que la Universidad Nacional cuenta con las capacidades para resolver las dudas, pese a que el mismo Ministerio antes mencionado cuestionó que fuera esta institución porque algunos egresados de la Universidad son coadyuvantes del demandante.
La Comisión ordenada por el Consejo de Estado debe ser interdisciplinaria y ninguno debe tener impedimentos. Además, debe crearse en 15 días para que posteriormente, en tres meses, resuelvan todas las dudas.
Las preguntas
Las preguntas que hace el magistrado son de nivel general, nacional, regional y local y sobre la idoneidad de la normatividad demandada con el fin de prever que se tengan en cuenta todas las posibles consecuencias de esta práctica.
¿Cuál es el debate que se presenta sobre la explicación mediante la técnica del fracking?, ¿de acepta por parte de la comunidad internacional el riesgo asociado a esta técnica?, ¿cuáles serían, están plenamente identificado?
Pide que si hay riesgos se aclare de tipo son humanos, de medio ambiente, aguas, comunidades, entre otros. Y, si los riesgos son previsibles y reversibles, entre otros.
También pregunta sobre la explotación y exploración de yacimientos en Colombia, pidiendo que se aclare si los riesgos son previsibles, mitigables e irreversibles, y si se han presentado episodios de materialización de riesgos. Así mimo un balance socioeconómico de costo beneficio.
Pregunta si el fracking sería beneficioso en el país y cuáles serían esos beneficios a corto, medio y largo plazo, y cómo se pueden calcular los beneficios económicos, entre otros aspectos.
A nivel local pregunta cuáles son los impactos que tendría en la economía local, las formas de vida social y usos de recursos donde se aplique el fraking y cuáles son los químicos.
“¿Qué tipo de líquidos y de aditivos químicos se utilizan usualmente en la aplicación de la técnica del fraking y cuál es el grado de toxicidad, se conocen los que se inyectan en la utilización del fracking, ¿cuáles son sus riesgos para la salud humana y la biodiversidad “?

Una sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío dejó sin piso el acuerdo con el cual la población de Salento pretendía defender su territorio de la amenaza que representa la explotación de la minería

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Pese a que el concejo el municipio de Salento había expedido el acuerdo 01 “por medio del cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento y se adoptan otras determinaciones”, el Tribunal Administrativo del Quindío, acatando la demanda de la gobernación del departamento, emitió una sentencia que lo invalida tras considerar que: “el criterio jurisprudencial vigente adoptado por la Corte Constitucional, es contundente en determinar que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que prevé el acuerdo cuestionado, pues ello debe ser decidido entre éstos y la nación, atendiendo los principios de coordinación y concurrencia entre tales entidades”.